Dos procesos en cascada: primero Luxemburgo, luego Madrid

El calendario judicial del otoño estará marcado por la causa de Carles Puigdemont. El Tribunal Constitucional resolverá en septiembre u octubre el recurso de amparo que el expresidente catalán presentó contra el Tribunal Supremo, que se negó a amnistiarle por el delito de malversación. Pero antes de pronunciarse espera una cita clave en Luxemburgo: el 16 de julio, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE dictará sus primeras sentencias sobre la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho comunitario. Ambos procesos están enlazados: el TC quiere estudiar el fallo europeo antes de resolver.

Qué examina el TC —y qué ya resolvió

Conviene distinguir dos planos que a menudo se confunden en el debate público. La constitucionalidad de la propia ley de amnistía quedó resuelta en 2025, cuando el Pleno del TC avaló la norma y rechazó los recursos de inconstitucionalidad del PP y de varias comunidades, al considerar que el legislador puede aprobar una amnistía. Lo que queda por decidir ahora es distinto: si esa ley, ya declarada constitucional, debe aplicarse a Puigdemont en el delito de malversación. El TC examina el amparo del expresidente contra las resoluciones del Supremo que se la denegaron.

Por qué el Supremo se negó

El Supremo argumentó que los dirigentes independentistas se habrían ahorrado dinero propio que habrían destinado a financiar el referéndum ilegal del 1-O, lo que supondría un enriquecimiento personal y excluiría el delito del ámbito de la amnistía. Esa interpretación fue rechazada tanto por la Abogacía del Estado como por la Fiscalía, que presentaron informes a favor de aplicar la amnistía, al considerar que la lectura del alto tribunal no se ajusta al espíritu de la norma.

El 16 de julio, turno europeo

Antes de que el TC se pronuncie, el TJUE resolverá dos cuestiones prejudiciales, según The Objective. Una procede del Tribunal de Cuentas y afecta directamente a Puigdemont: examina si la amnistía puede aplicarse a la responsabilidad contable por el uso de fondos públicos en el referéndum. La otra, planteada por la Audiencia Nacional en un caso vinculado a los CDR, versa sobre si amnistiar esos hechos chocaría con las directivas europeas antiterroristas. El tribunal europeo deberá pronunciarse sobre si la ley constituye o no una «autoamnistía» y si respeta los intereses financieros de la UE y los estándares de derechos humanos. Su doctrina será vinculante para los tribunales españoles.

Qué está en juego

Si el TC estima el amparo, obligará al Supremo a revisar su decisión y a aplicar la amnistía por malversación, lo que despejaría el principal obstáculo legal para el regreso de Puigdemont a España, donde sigue pesando sobre él una orden de detención. Si lo desestima, la causa penal continuará. Entre medias, la sentencia del TJUE del 16 de julio puede alterar el tablero. Todo ello, además, con trasfondo político: Junts ha condicionado su apoyo a las cuentas del Gobierno a que la amnistía se aplique de forma efectiva, justo en las semanas en que el Constitucional debería emitir su veredicto.