La comarca granadina del Temple vive estos meses una de sus disputas ambientales más intensas. En el término municipal de Escúzar, junto a la zona industrial que aglutina la actividad logística y tecnológica del sur de la Vega, la empresa Efedos Biogás, S.L. —vinculada al grupo Heygaz, especializado en biometano— impulsa una planta de gas renovable que ha encendido la oposición vecinal de los municipios del entorno, especialmente de La Malahá.
Qué es una planta de biogás
Una planta de biogás funciona mediante un proceso natural llamado digestión anaerobia: en grandes depósitos cerrados y sin oxígeno, unas bacterias descomponen la materia orgánica y, al hacerlo, liberan un gas rico en metano. Ese gas puede quemarse para producir electricidad o, si se depura, convertirse en biometano, prácticamente idéntico al gas natural y apto para inyectarse en la red. Como subproducto queda el digestato, un material que suele emplearse como biofertilizante. Sobre el papel, es una forma de aprovechar desechos que de otro modo acabarían en vertederos.
Qué tratará la planta de Escúzar
Según la documentación sometida a información pública por la Junta de Andalucía (expediente AAI/GR/110), el proyecto consiste en la construcción y explotación de una planta de gas renovable por digestión anaerobia para transformar subproductos agroindustriales, residuos orgánicos y biosólidos en biofertilizante y biometano. El proyecto se encuentra en fase de tramitación de la autorización ambiental integrada, cuyo periodo de información pública se abrió en 2024.
Las cifras exactas de capacidad y producción de la planta de Escúzar no han podido confirmarse de forma independiente y figuran en el expediente técnico de la Junta. Como referencia, la empresa promueve una instalación de características similares en el Puerto de Sevilla, prevista para una producción de unos 40 GWh anuales y el tratamiento de al menos 25.000 toneladas de residuos agroalimentarios al año.
Por qué se oponen los vecinos
El rechazo más visible procede de La Malahá, municipio limítrofe cuyo Ayuntamiento ya ha presentado recursos y alegaciones formales. Una petición ciudadana en Change.org, que ha superado el medio millar de firmas, denuncia el procesamiento de lodos de depuradora y residuos similares y advierte de un perjuicio «muy negativo para la salud y la calidad de vida».
La controversia de Escúzar no es un caso aislado. En toda la provincia de Granada y en el resto de España han proliferado plataformas vecinales contra las llamadas macroplantas de biogás y biometano, agrupadas en movilizaciones bajo el lema «Stop Biogás». Los argumentos que esgrimen los colectivos, recogidos por Ecologistas en Acción, se repiten: olores intensos y persistentes, el temor a que el almacenamiento o el esparcido inadecuado del digestato contamine suelos y acuíferos, la proliferación de insectos y el incremento del tráfico de camiones pesados que transportan los residuos hasta la planta.
Dos visiones enfrentadas
Los promotores presentan estas instalaciones como una pieza de la transición energética y de la economía circular: convierten desechos en energía limpia y reducen las emisiones frente a los combustibles fósiles. Los vecinos, en cambio, reclaman un modelo más descentralizado y alejado de los núcleos habitados, y cuestionan que el beneficio ambiental compense el impacto sobre el día a día de unos municipios de marcado carácter agrícola.
De momento, la última palabra la tiene la Junta de Andalucía, que debe resolver la autorización ambiental integrada tras valorar las alegaciones presentadas. Hasta entonces, la planta de Escúzar seguirá siendo símbolo de un debate que recorre toda la España rural.
