El PSOE salió este martes en defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras la difusión de su agenda y de un extenso volcado de sus conversaciones privadas de WhatsApp, incorporados a la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

«Una cacería incompatible con una democracia»

La secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, fue la voz oficial. «Filtrar WhatsApps y agendas privadas ajenas a una causa judicial no es información: es una cacería», afirmó, según Público. El PSOE habló de una «gravísima violación de la intimidad» y reclamó que se depuren responsabilidades por la difusión de un material que, a su juicio, mezcla la causa judicial con la vida privada del exjefe del Ejecutivo.

Según esa información, lo divulgado incluye más de un millar de páginas de chats con su secretaria y la agenda de Zapatero correspondiente a 2024 y 2025, con datos personales ajenos —a juicio del partido— a la investigación. Fuentes del Gobierno también expresaron «preocupación» por la frecuencia de las filtraciones en causas abiertas y subrayaron que «los derechos fundamentales no son negociables».

La defensa cuestiona los chats; Zapatero estudia acciones legales

El equipo legal del expresidente ha puesto en duda la validez procesal de los mensajes incorporados al expediente, al considerar que no se hizo una selección previa de los contenidos relevantes para la investigación, lo que a su juicio podría viciar la prueba. En paralelo, el propio Zapatero estudia emprender acciones legales por la difusión de su agenda y de datos que considera estrictamente personales.

El trasfondo: el caso Plus Ultra

La polémica se enmarca en la causa que investiga el rescate de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra en 2021, una operación cuestionada por la pequeña dimensión de la aerolínea. Como contamos esta semana, el juez Calama citó como investigado para el 21 de julio al empresario Julio Martínez, considerado pieza clave de la presunta trama, y Zapatero figura también como investigado. Un informe policial incorporado al sumario apunta —sin que exista acusación formal, sentencia ni condena— a presuntas comisiones a cambio de gestiones de influencia, algo que el expresidente niega por completo.

Conviene separar los planos. Una cosa es la valoración política que hace el PSOE —que centra el foco en la filtración y la privacidad— y otra los hechos de la instrucción, que están en fase de investigación y amparados por la presunción de inocencia. La oposición, por su parte, ha puesto el acento en el contenido del informe policial y en su rédito contra el Gobierno de Pedro Sánchez, más que en la difusión de los datos privados.

La instrucción de Calama sigue abierta, sin juicio oral a la vista. Hasta que la Justicia se pronuncie, no hay más que indicios y, en paralelo, un debate de fondo —el de los límites entre el interés público de una causa y la intimidad de los investigados— que esta filtración ha vuelto a poner sobre la mesa.