El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar el próximo 21 de julio, en condición de investigado, al empresario Julio Martínez Martínez, dentro de la causa que indaga en el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra, según la Cadena COPE. La comparecencia tendrá lugar en la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid.

Qué se investiga

La causa gira en torno al rescate de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra en 2021, con cargo al fondo público creado para apoyar a empresas consideradas «estratégicas» durante la pandemia. La instrucción trata de determinar si la decisión respondió a criterios técnicos o si, presuntamente, estuvo mediada por contactos políticos, y si la aerolínea reunía realmente esa condición estratégica, como recoge Euronews.

El juez investiga la posible existencia de una presunta red de tráfico de influencias orientada a favorecer a la compañía a cambio de supuestas comisiones. Todos los implicados están amparados por la presunción de inocencia y lo descrito por la investigación tiene, por ahora, carácter de hipótesis no probada en juicio.

El papel atribuido a Julio Martínez

La instrucción describe a Julio Martínez como un empresario próximo a Zapatero y lo sitúa como presunta pieza clave del esquema bajo sospecha: presunto receptor y ejecutor de instrucciones y administrador de una estructura societaria —según el juez, una red de decenas de empresas— supuestamente diseñada para canalizar fondos. La declaración del 21 de julio le dará ocasión de exponer su versión ante el magistrado; su defensa cambió recientemente de letrado.

El estatus de Zapatero y su entorno

Conviene ser precisos con el papel del expresidente. José Luis Rodríguez Zapatero figura en la causa como investigado, no como simple testigo. Ya prestó declaración ante el juzgado y, según las fuentes, el magistrado lo sitúa en el «vértice» de la presunta trama, un extremo que el expresidente niega por completo: ha rechazado haber intervenido de forma irregular en el rescate. La instrucción ha alcanzado además a personas de su entorno: el juez ha acordado investigar también a sus hijas y a su secretaria. Todos ellos están igualmente amparados por la presunción de inocencia.

La declaración del 21 de julio supone un nuevo paso en una instrucción de elevada carga política, al implicar a un expresidente del Gobierno y a su círculo más cercano. Será la Justicia la que determine, en su caso, si hubo delito; hasta entonces, no hay más que indicios e hipótesis de investigación.