El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha puesto en marcha la revisión de la normativa que fija cuántos niños puede atender cada profesional en las aulas de bebés. El objetivo declarado es rebajar las ratios del primer ciclo de Educación Infantil, el tramo de 0 a 3 años, y mejorar la atención en las escuelas infantiles. Conviene precisar desde el principio un matiz que muchos titulares pasan por alto: por ahora se trata de un proceso de negociación, no de una norma aprobada.
Qué se está revisando y en qué fase está
El departamento que dirige la ministra Pilar Alegría anunció antes del verano que iniciaría los trabajos para revisar el Real Decreto 132/2010, que regula los requisitos mínimos de los centros de esta etapa. En junio, Educación y los sindicatos del sector se sentaron a analizar una posible norma estatal sobre estas ratios. Es decir: hay mesa de diálogo y voluntad declarada, pero el texto está en una fase inicial, sin borrador publicado ni calendario de aprobación cerrado.
Las cifras: lo que se pide frente a lo que rige hoy
La propuesta que defienden los sindicatos plantea un máximo de cuatro bebés por educadora en el aula de menores de un año, seis niños en el tramo de uno a dos años y ocho en el de dos a tres años.
La referencia que arrastra el sistema desde hace décadas es mucho más alta: en torno a ocho bebés por aula para menores de un año, trece en el tramo de uno a dos y hasta veinte en el de dos a tres años. La rebaja que se reclama es, por tanto, drástica, especialmente en el aula de los más pequeños.
El reparto competencial: las comunidades ya pueden actuar
Un punto clave que el Ministerio insiste en subrayar es que las comunidades autónomas ya tienen competencia para fijar y rebajar estas ratios en su territorio. De hecho, varias lo han hecho, estableciendo en algún tramo límites más bajos que el mínimo estatal. Eso explica el actual mapa desigual, en el que el número de niños por profesional varía según dónde viva la familia.
Calidad frente a coste: el debate de fondo
A favor de la reforma, educadoras y sindicatos sostienen que menos niños por adulto significa más seguridad, mejor desarrollo y una atención educativa real: «somos escuelas, no guarderías», han repetido en las movilizaciones que recorrieron España esta primavera.
La cautela llega por el lado del dinero. Bajar ratios obliga a contratar más personal y a habilitar más aulas sin reducir plazas, un esfuerzo que recae sobre las administraciones autonómicas, que gestionan la red. Por ahora no se ha detallado un mecanismo de financiación estatal que acompañe la medida, lo que anticipa que el coste y el reparto de la factura serán el principal escollo de la negociación. En resumen: la dirección política apunta a ratios más bajas y la cifra de cuatro bebés por educadora gana fuerza como objetivo, pero a fecha de hoy sigue siendo una reivindicación en negociación, no una obligación legal.
