La vivienda se ha consolidado como una de las primeras preocupaciones sociales en España. Los precios de compra y alquiler encadenan máximos históricos, los salarios no acompañan y la protesta ha vuelto a las calles. Este fin de semana, Málaga afronta una nueva manifestación por la vivienda, dentro de una oleada de movilizaciones que recorre decenas de ciudades. Conviene ordenar los datos y los argumentos, en un terreno fuertemente politizado.

Unos precios que no dejan de subir

Los indicadores dibujan un mercado tensionado como pocas veces. Según idealista, el precio del alquiler subió un 7,1% interanual en el primer trimestre de 2026, con un precio medio en torno a los 15 euros por metro cuadrado al mes, récord de su serie histórica. En la compraventa, los distintos índices (idealista, Registradores, Tinsa) no coinciden en la cifra exacta, pero todos señalan subidas interanuales de entre el 9% y el 17%.

El problema no es solo el precio, sino su distancia con los ingresos. Idealista estima que el esfuerzo para alquilar alcanza ya cerca del 38% del salario neto, muy por encima del 30% que los organismos consideran sostenible. El lema de las protestas resume el malestar: «Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos».

Las causas: poca oferta, turismo y demanda

Entre los expertos hay un diagnóstico bastante compartido sobre el origen estructural. El Banco de España ha cifrado el déficit acumulado de vivienda en más de 700.000 unidades: se construyen del orden de 90.000-100.000 viviendas al año cuando la demanda exigiría entre 150.000 y 200.000 de obra nueva, según los cálculos del sector. A esa escasez se suman una demanda sostenida —incluida la extranjera— y unos costes de construcción disparados.

La turistificación es el otro gran factor, sobre todo en zonas como Baleares, Canarias, Barcelona o Málaga, donde los pisos de uso turístico detraen oferta del mercado residencial. No por casualidad, el alcalde de Málaga ha anunciado una moratoria a las viviendas turísticas en vísperas de la marcha.

La protesta se extiende

Los sindicatos de inquilinas han convocado una oleada de movilizaciones en decenas de ciudades. En Málaga, las plataformas vecinales convocan para el 27 de junio y exigen bajadas inmediatas del alquiler, medidas contra los grandes tenedores y una reforma de la ley de arrendamientos. Es la enésima protesta de un ciclo que arrancó con fuerza en 2024 y que ha hecho de la vivienda un asunto de primer orden político.

Las medidas en debate

La principal herramienta estatal es la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, que creó las llamadas zonas de mercado tensionado. En ellas, las comunidades autónomas pueden limitar el precio del alquiler cuando el esfuerzo de los hogares supera el 30% de sus ingresos o los precios han crecido muy por encima del IPC.

La aplicación, sin embargo, es muy desigual: Cataluña es prácticamente la única comunidad que ha desplegado los topes de forma generalizada, con cientos de municipios declarados zona tensionada. El límite afecta sobre todo a los grandes tenedores; para los pequeños propietarios, el primer alquiler sigue siendo libre.

El debate político está abierto y polarizado. El Gobierno defiende los topes y reclama a más comunidades que declaren zonas tensionadas; la oposición y las patronales del sector sostienen que limitar precios reduce la oferta y agrava el problema, y reclaman incentivar la construcción. Tres años después de la ley, los precios siguen subiendo, en un mercado que no termina de encontrar el equilibrio y que mantiene a buena parte de los jóvenes atrapados entre el alquiler caro y una compra inalcanzable.