De una ley de memoria a una disputa electoral
La llamada "ley de nietos", la disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que abrió la puerta a la nacionalidad española para descendientes de exiliados, se ha convertido en un frente político y jurídico de primer orden. El motivo no es ya el acceso a la nacionalidad en sí, sino sus efectos sobre el censo electoral: quiénes de esos nuevos españoles pueden votar, y dónde.
En el centro de la polémica está una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dictada el 25 de octubre de 2022 y firmada por la entonces directora general Sofía Puente. Esa norma administrativa presume la condición de exiliado para quienes salieron de España entre 1936 y 1955, sin necesidad de acreditar documentalmente el motivo del exilio, según recogió El Español. Sus críticos sostienen que, por esa vía, se amplió de facto el alcance de la ley.
La advertencia de la Junta Electoral
El paso que ha encendido el debate llega de la propia Junta Electoral Central (JEC). Cuatro de sus vocales han firmado un voto particular en el que sostienen que el órgano no solo puede, sino que tiene la obligación de impedir que el censo se amplíe "contra legem", es decir, en contra de lo previsto por la ley.
Estos vocales calculan que la interpretación de la instrucción habría abierto el censo a "centenares de miles" de personas, frente a las "pocas decenas de miles" que, a su juicio, cabía esperar en un principio. Reclaman que solo se tramiten altas censales cuando el solicitante haya acreditado las causas de exilio que fija la Ley de Memoria Democrática, y no por presunción automática. La JEC ha pedido además informes sobre los criterios para asignar municipio y provincia de residencia a estos nuevos electores.
PP y Vox tantean los tribunales
En el plano partidista, Vox ha intensificado su ofensiva y ha solicitado informes jurídicos en las comunidades donde cogobierna con el PP para estudiar una eventual invasión de competencias, según informó Infobae. Ambas formaciones enmarcan el asunto en una supuesta alteración del censo con efectos electorales y no descartan acudir a la vía judicial.
El Gobierno, por su parte, defiende que la medida se ajusta a la ley y responde al espíritu reparador de la norma de memoria democrática. La discusión de fondo es jurídica: hasta qué punto una instrucción administrativa puede precisar o ampliar el alcance de una ley sin necesidad de reforma parlamentaria.
Las cifras del proceso
El plazo para acogerse a esta vía se cerró en octubre de 2025. Según datos publicados por El Independiente, un total de 544.722 descendientes de exiliados llegaron a tener aprobada la nacionalidad española por esta puerta. Conviene no confundir esa cifra con el censo electoral: no todos los que obtienen la nacionalidad quedan automáticamente inscritos para votar, y precisamente sobre ese trámite gira ahora la disputa.
Cerrada la convocatoria, el debate se traslada a un terreno más técnico pero no menos sensible: el de las inscripciones censales y su encaje legal. Con la JEC pidiendo cautela y la oposición apuntando a los tribunales, la "ley de nietos" seguirá dando titulares mucho después de que expirara su plazo.
