Fármacos autorizados, pero fuera de la sanidad pública

La sanidad pública española no costeará, por ahora, los primeros medicamentos capaces de ralentizar el alzhéimer: el lecanemab (Leqembi) y el donanemab (Kisunla). La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha decidido no incluirlos en la financiación del Sistema Nacional de Salud, según recogió El Correo.

Conviene precisar la diferencia: estos fármacos sí están autorizados en Europa —han pasado el filtro de la Agencia Europea del Medicamento—, pero una cosa es que se puedan vender y otra que el sistema público los pague. Y es esto último lo que se ha rechazado.

Los motivos de Sanidad

El Ministerio de Sanidad defiende su decisión apelando, sobre todo, al coste y a la ausencia de un acuerdo sostenible con los laboratorios. Se trata de tratamientos muy caros —del orden de más de 20.000 euros por paciente y año—, que además exigen un diagnóstico y un seguimiento complejos (pruebas de imagen para vigilar posibles efectos adversos). El departamento sostiene que no logró pactar con las farmacéuticas un modelo que no comprometiera la inversión en otras áreas del sistema, según explicó a través de sus responsables.

Otro dato relevante que se maneja: estos medicamentos solo son útiles en fases muy iniciales de la enfermedad, por lo que apenas serían candidatos entre el 2,5% y el 5% de las cerca de 800.000 personas con alzhéimer en España.

La protesta de pacientes y médicos

La decisión ha provocado una fuerte reacción. La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) ha denunciado que se abandona a los enfermos, al cerrarse el acceso al primer tratamiento capaz de modificar el curso de la enfermedad, según recogió Redacción Médica. La Sociedad Española de Neurología también ha mostrado su malestar, al advertir de que relegar estos fármacos al ámbito privado genera desigualdades entre quienes pueden pagarlos y quienes no.

El argumento de los críticos es sensible: cada mes que pasa, algunos pacientes en fase inicial avanzan y dejan de ser candidatos, de modo que la ventana para tratarlos se cierra. Frente a la cautela de las autoridades, que subrayan que el beneficio clínico de estos anticuerpos es modesto y no está exento de riesgos, las asociaciones reclaman al menos la oportunidad de intentarlo.

Un debate que va más allá del alzhéimer

El caso resume una tensión de fondo de todos los sistemas sanitarios: cómo encajar innovaciones muy costosas y de beneficio aún limitado en presupuestos que no son infinitos. España no es una excepción; de hecho, ningún país de la UE ha cerrado hasta ahora un acuerdo de financiación pública para estos fármacos. Pero, para las familias que conviven con el alzhéimer, la discusión técnica se traduce en algo muy concreto: la sensación de que la ciencia ha dado un paso adelante y ellos se han quedado a las puertas. La última palabra no está dicha, ya que CEAFA ha anunciado que seguirá presionando para revertir la decisión.