Cada verano, cuando el termómetro dispara el riesgo de incendio forestal, reaparece la misma discusión: quién pone los medios y quién paga la factura. Este año el choque ha llegado pronto y con nombres y apellidos. Varias comunidades autónomas acusan al Gobierno central de haber recortado los medios aéreos que aporta el Estado a la campaña de extinción, mientras el Ejecutivo responde que su dispositivo sigue intacto.
La cifra en disputa: 56 medios aéreos
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) defiende que mantiene un dispositivo de 56 medios aéreos propios (aviones anfibios, aviones de carga en tierra, helicópteros y aparatos de coordinación) para apoyar a las comunidades durante la campaña, según la información difundida por el propio MITECO. El Gobierno subraya que ese despliegue es un refuerzo de los medios autonómicos, no un sustituto, y que la cifra se ajusta cada verano en función de la previsión de riesgo.
Qué denuncian las comunidades
Desde varios gobiernos autonómicos, en cambio, se traslada la sensación de que el apoyo estatal ha menguado justo cuando más se necesita, con aparatos que llegan más tarde de lo previsto o que están fuera de servicio por mantenimiento en los momentos críticos, según recogió Vozpópuli. El reproche de fondo es recurrente: la extinción es competencia autonómica, pero los grandes incendios desbordan cualquier autonomía y obligan a depender de la flota del Estado.
Una competencia repartida
Conviene recordar cómo funciona el reparto. La prevención y la extinción de incendios forestales corresponden a las comunidades autónomas, que sostienen sus propios operativos con brigadas, cuadrillas y medios aéreos. El Estado aporta un dispositivo complementario que se moviliza a petición de las autonomías, sobre todo en los grandes incendios que superan la capacidad local. Ese esquema, pensado para sumar, se convierte en fuente de fricción cuando el fuego aprieta y cada administración mira a la otra.
El problema real: una flota que envejece
Más allá del rifirrafe político, hay un dato técnico que las dos partes comparten: buena parte de los aviones anfibios que operan en España son aparatos con muchos años de servicio, y su renovación es un asunto pendiente a escala europea. La Unión Europea impulsa la compra de nuevos hidroaviones dentro del mecanismo común de protección civil, pero las entregas de los modelos de nueva fabricación no se esperan hasta finales de esta década, lo que obliga a estirar la vida útil de la flota actual.
Un debate que se repetirá
Con julio recién empezado y una previsión de verano caluroso y seco, el pulso por los medios aéreos tiene pinta de repetirse en cada gran incendio. El riesgo es que la discusión sobre competencias tape lo esencial: que el operativo llegue a tiempo y que la renovación de una flota envejecida deje de aplazarse. Mientras tanto, el que apaga el fuego sobre el terreno sigue siendo el mismo, con independencia del color del gobierno que ponga el avión.
