El origen de la polémica

La controversia arranca en los exámenes de la PAU (la selectividad) de este año en el País Vasco, en los que un número llamativo de estudiantes recibió un cero en la prueba de euskera. Varios de los afectados presentaron recursos ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao, al considerar que el proceso de corrección no había garantizado su derecho al anonimato.

Qué dice la resolución judicial

A finales de junio, los juzgados dieron la razón, de momento con carácter cautelar —es decir, provisional, mientras se resuelve el fondo del asunto—, a esos estudiantes. Ordenaron a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que no computara temporalmente esas notas de euskera. Los autos apuntan a que la concentración anómala de ceros pudo vulnerar el anonimato del alumnado, al conocer los correctores el centro de procedencia de los examinados, según recogió Deia. No se trata, por tanto, de una anulación definitiva, sino de una medida provisional.

La respuesta de la universidad y del Gobierno vasco

La UPV/EHU anunció que recurrirá las decisiones judiciales, al considerar que las medidas cautelares resultan de difícil o imposible cumplimiento a estas alturas del proceso de acceso a la universidad. El Gobierno vasco, por su parte, adoptó una posición de equilibrio: dijo comprender tanto a los estudiantes que acudieron a los tribunales como a los que podrían verse perjudicados, y planteó como salida ampliar plazas en los grados afectados para que nadie quede fuera, según Crónica Vasca.

La protesta: «Justicia para el euskera»

En respuesta a las resoluciones, agentes educativos, sindicatos y colectivos en defensa del euskera convocaron concentraciones simultáneas al mediodía de este jueves en los campus de la UPV/EHU de Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz, bajo el lema «Justicia para el euskera, euskera para todos». Los convocantes denuncian lo que interpretan como una ofensiva judicial contra la lengua vasca y reclaman que los resultados de la PAU no se conviertan en un argumento para cuestionar el papel del euskera en el sistema educativo.

Un debate sensible

El caso toca cuestiones delicadas de la política lingüística vasca: cómo garantizar a la vez la igualdad de oportunidades entre estudiantes de distintos modelos educativos y la imparcialidad en la corrección de los exámenes. La comunidad educativa aparece dividida: unos ven en la decisión judicial la reparación de un agravio hacia los alumnos suspendidos, mientras otros temen que siente un precedente que debilite las garantías de evaluación. El fondo del asunto seguirá en los tribunales durante los próximos meses.