Durante décadas fueron un problema fuera de la vista y, por tanto, casi fuera de la conversación pública. Ahora, una expedición científica ha puesto imágenes al asunto: los bidones de residuos radiactivos vertidos en la Fosa Atlántica, frente a las costas gallegas, presentan un avanzado estado de deterioro, según ha documentado el proyecto Nodssum, del que informa elDiario.es.
Bajar a 4.000 metros para verlos
La campaña, desarrollada entre finales de mayo y junio de 2026, ha empleado el buque oceanográfico francés Pourquoi Pas? y el submarino tripulado Nautile, capaces de descender a las grandes profundidades donde reposan los residuos. Coordinada por el CNRS francés, ha reunido a una treintena de investigadores de varios países, entre ellos de la Universidad de Girona y el Centro Nacional de Aceleradores, según el CNRS.
En esa zona, a unas 300 millas náuticas de Fisterra y a más de 4.000 metros de profundidad, yacen alrededor de 220.000 bidones con unas 140.000 toneladas de residuos de baja y media actividad, arrojados al mar entre las décadas de 1950 y 1990, cuando esta práctica estaba permitida antes de la moratoria internacional que la prohibió.
Deterioro sí, alarma radiológica no (todavía)
Aquí está la clave, y conviene contarla con precisión. Los científicos han constatado que los materiales de los bidones (resinas, cemento, bitumen) se han corroído y que en algunos hay filtraciones, con presencia de radionucleidos propios de estos residuos. Pero las mediciones sobre el terreno indican que los niveles de radiactividad detectados siguen siendo bajos, incluso por debajo de lo que algunos modelos anticipaban, y no se ha descrito contaminación relevante en las aguas costeras gallegas.
Dicho de otro modo: hay un problema estructural real (contenedores que se degradan tras décadas en el fondo marino), pero no una emergencia radiológica confirmada. Distinguir ambas cosas es fundamental para no caer ni en la minimización ni en el alarmismo.
El BNG pide un plan
El hallazgo ha reactivado la exigencia política. El BNG reclama que el Gobierno central se implique de forma activa en la investigación y elabore un plan para vigilar los bidones y estudiar, si es seguro, una eventual retirada. La formación insiste en que Galicia no debe seguir siendo un depósito de residuos sin una monitorización sistemática.
Los propios responsables científicos plantean que este es solo un primer paso: las siguientes fases del proyecto prevén tomar muestras en contacto directo con los bidones para caracterizar mejor las fugas y su efecto sobre el ecosistema abisal. Hasta que esos datos existan, la conclusión responsable es la de un legado ambiental que exige seguimiento y transparencia, más que conclusiones apresuradas.
