El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un techo de gasto de 226.032 millones de euros para 2027, la cifra más alta de la historia y un 6,6% superior a la de este ejercicio, según The Objective. Con esta decisión, el Gobierno da el primer paso formal para elaborar los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

Qué es el techo de gasto

El techo de gasto, o límite de gasto no financiero, marca el máximo que el Estado podrá gastar en un ejercicio y funciona como punto de partida de los Presupuestos: fija el marco dentro del cual se reparten después las distintas partidas. Su aprobación en el Consejo de Ministros abre el proceso, pero no lo cierra.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido la cifra como un equilibrio entre el impulso al gasto y la disciplina fiscal, y ha pedido a los grupos parlamentarios "una reflexión" sobre por qué renunciar a un mayor margen de gasto.

La senda de estabilidad y el escollo parlamentario

Junto al techo de gasto, el Ejecutivo ha aprobado la senda de estabilidad fiscal para el periodo 2027-2029, que fija los objetivos de déficit (un 1,8% en 2027), de deuda pública (a la baja, hasta el 97,6%) y una regla de gasto máxima del 4% para 2027.

Aquí está el nudo político: esa senda debe someterse a votación en las Cortes, y de momento no tiene los apoyos garantizados. Junts ya ha adelantado su negativa, en línea con la fragilidad de la mayoría que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez. Un rechazo obligaría a recalcular los objetivos y complicaría todavía más la ya difícil tramitación de unas cuentas que el Ejecutivo aspira a llevar al Parlamento después del verano.

Un contexto de cuentas prorrogadas

La aprobación de este techo de gasto récord llega en un momento en el que sacar adelante unos Presupuestos se ha convertido en una carrera de obstáculos para el Gobierno, obligado a negociar cada apoyo con unos socios que exigen contrapartidas. La cifra histórica de 226.032 millones envía un mensaje de ambición en gasto social e inversión, pero su recorrido real dependerá de una aritmética parlamentaria que, a día de hoy, no está resuelta.