Un centenar de enmiendas
Vox ha presentado alrededor de un centenar de enmiendas al proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, en una negociación en la que el partido marca el ritmo. El gobierno autonómico del PP, presidido por Juan Francisco Pérez Llorca, necesita el respaldo de los diputados de Vox para sacar adelante las cuentas, según detalla elDiario.es.
La más comentada de esas enmiendas propone retirar una partida de 10.000 euros destinada a Cruz Roja para reorientarla a financiar un estudio sobre el impacto de la inmigración en la delincuencia en la Comunidad Valenciana. La formación plantea que esa investigación se encargue a universidades, think tanks o institutos de criminología mediante concurrencia competitiva, según recogió Valencia Plaza.
Qué dicen los datos
La premisa que vincula inmigración y delincuencia no está respaldada por las estadísticas oficiales de criminalidad. Los datos de las fuerzas de seguridad y los estudios académicos rigurosos no acreditan una relación directa entre ambos fenómenos; de hecho, buena parte de la literatura señala tasas de criminalidad similares o inferiores en la población de origen extranjero. La iniciativa se enmarca en el discurso de la llamada "prioridad nacional" que Vox trata de introducir en las políticas sociales autonómicas.
Más allá de Cruz Roja
El paquete de enmiendas incluye otras peticiones que reflejan la agenda del partido, como una partida de 150.000 euros para asociaciones del bou en corda (festejos taurinos tradicionales valencianos) y recortes en programas de promoción del valenciano, según Moncloa.
Un test político para Pérez Llorca
Las cuentas de 2026 son el primer gran examen legislativo de Pérez Llorca, que asumió la presidencia de la Generalitat tras la salida de Carlos Mazón, muy cuestionado por la gestión de la DANA de 2024. La dependencia de Vox tensiona su margen de maniobra: aceptar íntegramente las enmiendas tendría un coste político y de imagen, pero rechazarlas pone en riesgo la aprobación del presupuesto.
Los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, ya han anticipado su rechazo a unas cuentas que incorporen estas condiciones. En los próximos días, el Consell deberá decidir si asume las enmiendas, las descarta o abre una negociación para rebajarlas.



