Sudáfrica acumula desde hace semanas episodios de violencia contra los inmigrantes que han dejado muertos, chabolas incendiadas y miles de personas huyendo de sus casas. La tensión se concentra ahora en torno a una marcha nacional convocada para el 30 de junio bajo consignas contra los «extranjeros ilegales», que el Gobierno teme que pueda derivar en nuevos disturbios.
Muertes y desplazamientos
Según la información publicada por el diario sudafricano Daily Maverick, las muertes confirmadas hasta el momento son al menos tres: dos ciudadanos mozambiqueños fallecidos a comienzos de junio en Mossel Bay, en el Cabo Occidental —donde fueron destruidas medio centenar de chabolas—, y un hombre malauí golpeado hasta la muerte el 23 de junio en Pietermaritzburg, en la provincia de KwaZulu-Natal. Este último episodio precipitó la evacuación de unos 1.700 malauíes de la zona.
El antiguo autocine de Durban se ha convertido en el símbolo de la crisis: allí se hacinan miles de ciudadanos malauíes —en torno a 11.000, según Daily Maverick— a la espera de ser repatriados, mientras su Gobierno verifica documentación y organiza autobuses de regreso. Otros cientos se refugian en edificios abandonados de Pietermaritzburg, y comunidades de zimbabuenses y congoleños se concentran en distintos puntos de la región.
Las raíces: paro, desigualdad y discurso del chivo expiatorio
La xenofobia no es un fenómeno nuevo en Sudáfrica. El país, que según cifras oficiales acoge a unos 3,1 millones de migrantes internacionales, arrastra una de las mayores tasas de desempleo del mundo —por encima del 30%— y una profunda desigualdad. En ese contexto, han ganado fuerza movimientos como Operation Dudula —«empujar hacia atrás», en zulú—, que en los últimos años popularizaron la retórica que culpa a los inmigrantes de los males del país y protagonizaron acciones para expulsarlos de barrios enteros.
Episodios anteriores muestran la gravedad potencial de esta violencia: en 2021, en los disturbios que siguieron al encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, murieron más de 300 personas y numerosos negocios regentados por extranjeros fueron saqueados.
El Gobierno se moviliza; las organizaciones de derechos humanos alertan
Ante la marcha del 30 de junio, el Gobierno sudafricano ha anunciado un amplio despliegue policial. El ministro de Policía en funciones, Firoz Cachalia, ha asegurado que se garantizará la seguridad y que ese día transcurrirá con normalidad. La Comisión Sudafricana de Derechos Humanos, sin embargo, ha advertido del riesgo de una crisis humanitaria, y decenas de organizaciones de la sociedad civil se han movilizado para contrarrestar el discurso de odio.
Mientras tanto, oenegés humanitarias gestionan los campamentos improvisados donde miles de personas aguardan, en condiciones precarias, una repatriación que para muchos supone rendirse ante la violencia. Las cifras totales de desplazados a escala nacional aún no han sido consolidadas oficialmente.
