Cuando se fue la luz en el gran apagón de 2025, con ella se apagaron también los móviles: muchas antenas, sin electricidad ni baterías suficientes, dejaron a millones de personas sin poder llamar al 112 ni localizar a sus familias. Esa experiencia ha empujado al Gobierno a actuar. El Ejecutivo prepara un real decreto que obligará a las operadoras a garantizar al menos cuatro horas de cobertura móvil durante un corte de suministro eléctrico, según han adelantado elDiario.es y El País.

Qué exige la norma

El texto establece distintos niveles de autonomía según la infraestructura: las antenas de telefonía móvil deberán mantener el servicio un mínimo de cuatro horas con baterías de respaldo; las infraestructuras intermedias, cuyo fallo puede afectar a varias comunidades, tendrán que aguantar unas 12 horas; y los centros de control esenciales, con impacto potencial a escala nacional, hasta 24 horas. Los servicios de emergencia, como el 112, deberán contar además con planes de redundancia que combinen redes fijas y móviles.

A quién afecta y con qué plazos

La obligación recae sobre las grandes compañías —las que superan el medio millón de usuarios o los 50 millones de euros de ingresos—, lo que sitúa en el foco a las principales operadoras del mercado español. Consciente de que dotar de baterías a decenas de miles de emplazamientos no es inmediato, el Gobierno plantea una aplicación gradual, con objetivos crecientes de cobertura de la población a lo largo de los próximos años. La negociación con el sector se prolongó cerca de un año por las dificultades logísticas: el peso de las baterías complica su instalación en ciertos puntos y los robos de material en zonas rurales son un problema recurrente.

Qué cambia para los ciudadanos

Para el usuario, la norma supone una garantía de comunicación mínima en una crisis: poder llamar a emergencias, enviar la ubicación a un familiar o recibir avisos de Protección Civil durante las primeras horas de un apagón. El coste de la inversión recae sobre las operadoras, que han negociado los plazos para repartir el esfuerzo en el tiempo. La medida se enmarca en la tendencia europea —impulsada por la directiva NIS2— de reforzar la resiliencia de las infraestructuras digitales críticas.