Una de las acusaciones personadas en el conocido como 'caso Leire' —la pieza que en la prensa se rotula también como las 'cloacas del PSOE'— ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite como investigada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Se trata de una petición de parte, no de una decisión judicial: la apertura formal de una imputación corresponde únicamente al magistrado instructor, que hasta ahora no ha acordado citar a González en esa condición.
Qué es el 'caso Leire'
La investigación, dirigida por Pedraz en la Audiencia Nacional, indaga las supuestas maniobras de Leire Díez, exmilitante del PSOE, para presuntamente recabar información reservada y tratar de influir en procedimientos judiciales que afectaban al entorno del Gobierno y del partido. La causa se popularizó tras la difusión, en mayo de 2025, de grabaciones en las que Díez pedía material para perjudicar al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO). Todos los implicados están amparados por la presunción de inocencia y los hechos se hallan bajo investigación.
El papel que se atribuye a la directora
Según informes de la UCO incorporados al sumario, los investigadores examinan si Díez pudo influir sobre González para la apertura de varias informaciones reservadas que afectaban a agentes del propio instituto armado. Esas diligencias internas —una iniciada, según las fuentes, en diciembre de 2024 y otra en mayo de 2025— son las que centran la sospecha. La directora reconoció haber mantenido varios encuentros con Díez, así como el intercambio de mensajes durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid.
Medios como Escudo Digital y El Independiente apuntan que el juez estaría valorando esa eventual citación, que solo prosperaría —según esas mismas fuentes— si aparecieran comunicaciones concretas que conectaran las instrucciones de Díez con la apertura de aquellas informaciones reservadas. Conviene insistir en que se trata de hipótesis de investigación, no de hechos probados.
La defensa de González
González compareció el 16 de junio en el Senado y aseguró que «jamás» interfirió en la UCO a petición de Díez ni participó en «ninguna trama», según recogió Europa Press. Defendió que las informaciones reservadas son un procedimiento «habitual» que no implica imputación de los afectados y minimizó sus contactos con Díez. El Gobierno respalda su versión.
Una causa que sigue su curso
La instrucción continúa abierta y será el juez quien decida si hay indicios para imputar a la directora o a cualquier otro alto cargo. La identidad concreta de la acusación que firma esta petición no ha podido confirmarse de forma independiente; lo que sí está acreditado es que la causa avanza en la Audiencia Nacional y que, por ahora, no hay ninguna imputación acordada contra González.
