Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil registraron este martes 23 de junio de 2026 varias dependencias del Ayuntamiento de Soria, en el marco de unas diligencias judiciales abiertas que permanecen bajo secreto de sumario. La operación arrancó a primera hora de la mañana, en torno a las nueve, según confirmaron varios medios presentes en el lugar.
Qué se investiga
De acuerdo con la información publicada por eldiario.es y El Español, la actuación está relacionada con el Área de Comercio del consistorio. Las pesquisas se centrarían en contratos suscritos por el Ayuntamiento con la empresa de actividades deportivas Biosfera Soria SL.
La concejala de Turismo y Comercio, Yolanda Santos Grande (PSOE), poseyó un tercio de esa sociedad hasta que asumió su acta de concejala en 2019, momento en el que se desprendió de las participaciones. La normativa de incompatibilidades prohíbe a los ediles mantener participaciones relevantes en empresas que contratan con la administración. Los registros se extendieron también, según las mismas fuentes, a las áreas de Intervención y de Alcaldía, de donde los agentes se llevaron ordenadores y documentación.
El registro y el juzgado
Las diligencias han sido ordenadas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, plaza número 3. El procedimiento está declarado secreto, por lo que ni la propia corporación municipal dispone, según ha hecho saber, de información completa sobre el alcance exacto de la investigación. Hasta el momento no constan detenciones.
La reacción del Ayuntamiento
El consistorio, gobernado por el PSOE y dirigido por el alcalde Javier Antón Cacho desde abril de 2026, emitió un comunicado en el que asegura prestar la «máxima colaboración» a la autoridad judicial y facilitar «toda la documentación y la información que sea requerida». El equipo de gobierno apeló a la prudencia y al respeto a los procedimientos judiciales, y pidió evitar especulaciones mientras avanzan las diligencias, tal y como recoge COPE.
Una nota de cautela
Algunos titulares han enmarcado la actuación como una investigación por presunto «blanqueo de capitales». Sin embargo, esa calificación no aparece confirmada en las informaciones contrastadas por este medio, que sitúan el foco en posibles irregularidades en la contratación del Área de Comercio. Dado el secreto de sumario, la tipificación concreta de los hechos no es pública. Todas las personas afectadas están amparadas por la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.
