El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, convirtió la condena del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos en una ofensiva directa contra Pedro Sánchez. En una comparecencia tras conocerse el fallo, el líder de la oposición sostuvo que la sentencia supone «el fin de la escapada» para el presidente y le reclamó que asuma las consecuencias políticas de la corrupción que rodea a su antiguo entorno, según eldiario.es.

Qué pide concretamente el PP

Feijóo centró su mensaje en dos exigencias: la dimisión inmediata de Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas. El dirigente popular describió la continuidad del presidente como «incompatible con la democracia» y atribuyó a Sánchez la condición de responsable político de los casos que afectan a su antiguo entorno, al presentar a Ábalos como un símbolo de su etapa al frente del PSOE.

Sin moción de censura, por ahora

Pese a la dureza del tono, Feijóo descartó presentar de forma inmediata una moción de censura. El argumento que esgrimió, según El Nacional, es que una votación fallida revalidaría a Sánchez en lugar de desgastarlo. El líder del PP condicionó cualquier movimiento de ese tipo a que socios parlamentarios como el PNV o Junts se comprometieran previamente a apoyarlo, algo que de momento no se ha producido. En paralelo, anunció iniciativas en el Senado y en el Congreso para reclamar elecciones y forzar el debate sobre la continuidad del Gobierno.

La condena que desató la reacción

La reacción se produjo después de que el Tribunal Supremo condenara a Ábalos —exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE— a más de 24 años de prisión por su papel en la adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante la pandemia, con delitos como organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Según El Plural, el fallo también alcanzó a su exasesor Koldo García, con una pena en torno a 19 años y medio, y al empresario Víctor de Aldama, condenado a unos cuatro años y medio con la ejecución suspendida por su colaboración en el esclarecimiento de los hechos.

El Gobierno, ante la presión

La condena no atribuye responsabilidad penal a Sánchez ni al Ejecutivo en su conjunto, un matiz que el Gobierno ha venido subrayando para diferenciar las responsabilidades individuales de las institucionales. No obstante, el fallo reabre la incómoda pregunta sobre cómo pudo operar una trama de este tipo desde el corazón de un ministerio, y la presión por dar explicaciones no procede solo de la oposición de derechas: también desde socios de la mayoría se han reclamado aclaraciones sobre el grado de conocimiento que la dirección del PSOE pudo tener de los hechos.