El Tribunal Supremo ha dictado una de las sentencias de mayor calado político de la democracia reciente. La Sala de lo Penal ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión por su papel en el conocido como 'caso mascarillas', según confirmó el Poder Judicial. Es la pena más severa que se recuerda en España contra un exministro por hechos cometidos durante su mandato.

Las penas

El fallo, adoptado por unanimidad, condena a Ábalos por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Su exasesor Koldo García Izaguirre ha sido condenado a 19 años, 8 meses y un día de prisión por los mismos delitos, con una pena algo inferior por su posición subordinada dentro de la trama.

El empresario Víctor de Aldama, considerado pieza clave del entramado, ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel, aunque el tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena en atención a su colaboración con la justicia. La suspensión queda condicionada a que no reincida, a la presentación de informes semestrales sobre sus actividades y al cumplimiento de un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

Una organización con reparto de papeles

La sentencia concluye que los tres acusados "constituyeron una organización en la que cada uno asumió un papel diverso y complementario, con reparto de funciones". Según el tribunal, Ábalos aportaba el poder institucional desde el Ministerio, Koldo García ejercía de intermediario y Aldama ponía el dinero y el acceso a las empresas. Del exasesor, el fallo subraya que "ha mantenido un papel principal en la trama delictiva", participando en adjudicaciones y en la contratación en entidades públicas.

El origen: 13 millones de mascarillas

El episodio central acreditado por la Sala es la adjudicación, durante la pandemia de COVID-19, del suministro de unos 13 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. Los contratos se canalizaron a través de organismos y entidades públicas dependientes del Ministerio que entonces dirigía Ábalos. A cambio, según la resolución, el exministro habría recibido pagos y otras contraprestaciones por el favorecimiento de esos contratos. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado para Ábalos una pena en el entorno de los 24 años, en línea con la finalmente impuesta.

Por qué juzga el Supremo

La causa ha sido enjuiciada directamente por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en razón del aforamiento de Ábalos, que mantuvo su condición de diputado hasta etapas avanzadas de la instrucción; ese aforamiento atrae a los demás procesados al mismo tribunal. La deliberación se cerró sin votos discrepantes entre los magistrados, según Estrella Digital.

El alcance político

Más allá de las penas, el Supremo pone el foco en el daño institucional, con alusiones al deterioro de la confianza ciudadana que provoca este tipo de corrupción. Ábalos llegó a ser secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento y de Transportes, lo que convierte la condena en un golpe de notable repercusión para el entorno del Gobierno. Al tratarse de una resolución de la Sala de lo Penal del Supremo, la vía que resta a los condenados es, esencialmente, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una eventual vulneración de derechos fundamentales.