En pleno mes de julio, con las terrazas llenas y los espetos en marcha, el sector de los chiringuitos de la costa granadina está pendiente de algo que no tiene que ver con el tiempo ni con la ocupación hotelera: el nuevo reglamento de Costas y lo que hará con los establecimientos que llevan décadas montados a pie de playa.
Un 98% en el aire
La cifra la puso sobre la mesa Francisco Trujillo, presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, en declaraciones a COPE Granada: la reforma, tal y como está planteada, "perjudicará a todo el sector en Andalucía", y en torno al 98% de las instalaciones existentes tendría que derribarse para encajar en el nuevo marco.
Conviene tomar el dato por lo que es: una estimación del propio sector afectado, no un cálculo de la Administración. Pero da la medida del choque. Buena parte de los chiringuitos andaluces son construcciones consolidadas, con cocinas, baños y estructuras fijas, levantadas a lo largo de años sobre un dominio público que la normativa estatal define como excepcional y reversible. Cualquier reglamento que insista en la letra de esa definición encuentra un parque de establecimientos que no encaja.
De la caseta desmontable al restaurante de temporada
El origen del problema es histórico. El chiringuito nació como instalación ligera, estacional y desmontable: cuatro palos, una lona y una parrilla. Con el tiempo, la demanda turística y las propias exigencias sanitarias y de accesibilidad empujaron en dirección contraria, hacia el establecimiento sólido y abierto buena parte del año. El sector ha ganado en servicio y en empleo estable, y ha perdido, en el camino, el rasgo que justificaba su presencia en la arena.
Ahí está el nudo. La ocupación del dominio público marítimo-terrestre se concede porque el uso es temporal y el impacto reversible. Un negocio que funciona todo el año y que no se puede levantar en una semana pone esa premisa en cuestión, con independencia de lo bien que funcione y de cuánta gente emplee.
La respuesta del sector
Mientras se define la letra pequeña, los chiringuitos de la Costa Tropical han optado por moverse en dos frentes. El primero, el político: presión a través de la asociación para que la reforma contemple regímenes transitorios y no una aplicación inmediata que dejaría fuera a casi todo el mundo. El segundo, el reputacional: la certificación Ecochiringuito, prevista para el final de este verano según la misma información, que reconoce prácticas de reciclaje, gestión de residuos y consumo de producto local.
La lógica de esa segunda vía es transparente. Si el argumento para restringir es la protección del litoral, la mejor defensa del sector consiste en demostrar que su presencia no es incompatible con esa protección. No es una garantía frente a un reglamento, pero cambia el terreno de la discusión.
Lo que se juega la Costa Tropical
Para municipios como Motril, Salobreña o Almuñécar, esto no es un asunto de hostelería sino de modelo. Los chiringuitos son, en muchas playas, el único servicio existente: el que vigila, el que da sombra, el que mantiene limpio su tramo. Retirarlos sin sustituir esa función deja playas más limpias sobre el papel y más desatendidas en la práctica.
La discusión de fondo, en realidad, es vieja y sigue sin resolverse: qué se puede poner en una playa pública, quién decide y durante cuánto tiempo. Este verano la conversación llega con una fecha encima y un porcentaje incómodo. El texto definitivo dirá si el 98% era una alarma o un pronóstico.
