La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y medio de prisión a Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía, y a Tomás Pérez Sauquillo, expresidente de Invercaria, según recogen Última Hora y Es Diario.
La sentencia no es firme. Cabe recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de modo que todo lo que sigue es lo que declara probado un tribunal de primera instancia y puede ser revisado.
La pena
Los delitos son prevaricación en concurso con malversación de caudales públicos. Además de la prisión, la sentencia impone inhabilitación absoluta: seis años y medio para Vallejo y seis para Pérez Sauquillo. Ambos deberán responder de forma solidaria por los 1.180.000 euros del préstamo.
El tribunal aplicó la atenuante de dilaciones indebidas, que rebaja la pena, en reconocimiento del tiempo que ha tardado en resolverse el procedimiento.
Qué es Invercaria y qué pasó
Invercaria era la sociedad pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía: dinero público destinado a entrar en el capital de empresas andaluzas o a prestarles fondos para impulsar proyectos que no encontraban financiación privada. La idea, en abstracto, es razonable. El problema fue cómo se ejecutó.
El caso juzgado ahora es el de Servivation, una empresa constituida para dar salida laboral a extrabajadores de Vitelcom. Invercaria le concedió un préstamo participativo de 1,18 millones de euros sin que constara un plan de negocio documentado ni un análisis de viabilidad económica, y con lo que la sentencia describe como una ausencia flagrante de procedimiento.
La conclusión del tribunal es la que convierte el asunto en delito: la finalidad de la operación no era empresarial sino política, la de sostener empleo al margen de los controles legales que rigen el uso de dinero público.
Por qué esto ha tardado tanto
Invercaria lleva más de una década en los tribunales, con varias piezas separadas. El motivo del retraso no es solo la complejidad contable de las operaciones: los procedimientos por gestión de fondos públicos suelen implicar peritajes largos, muchas partes personadas y un volumen documental considerable.
Ese retraso tiene consecuencias jurídicas concretas y aquí se ven: la atenuante de dilaciones indebidas existe precisamente porque la justicia entiende que un proceso eterno es en sí mismo un perjuicio para quien lo sufre, con independencia de que acabe condenado.
Lo que viene
Hasta que se resuelva el recurso, no hay nada definitivo. Una pena de tres años y medio, además, se sitúa por encima del umbral de los dos años que suele permitir la suspensión del ingreso en prisión para quien no tiene antecedentes, pero esa es una decisión posterior y separada que corresponde tomar cuando la condena sea firme.
