Qué es la violencia vicaria
La violencia vicaria es una forma de violencia machista en la que el agresor instrumentaliza a los hijos e hijas para causar el mayor sufrimiento posible a la madre, víctima de violencia de género. El caso más extremo es el asesinato de los menores; pero también lo son las amenazas con la custodia, la interferencia en su vida cotidiana o el maltrato durante los regímenes de visita.
Aunque el término se reconoce en el ámbito de la lucha contra la violencia de género desde hace años, hasta ahora no contaba con una tipificación penal propia. La norma aprobada este martes viene a llenar ese vacío y, según detalla elDiario.es, extiende la protección más allá de los menores, alcanzando también a otros familiares utilizados por el agresor para hacer daño a la víctima.
Qué establece la nueva norma
El elemento central de la ley es la suspensión de la patria potestad al condenado por violencia vicaria. Según la información sobre el texto aprobado, esta retirada se aplicará de forma obligatoria cuando exista una sentencia firme, si bien los jueces conservarán margen para modular la medida en función del perfil del condenado y, sobre todo, del interés superior del menor.
La reforma introduce además la violencia vicaria como agravante por razón de género y refuerza las medidas civiles de protección de los menores. El Gobierno defiende la filosofía que sostiene la norma con una idea que ha repetido la ministra de Igualdad, Ana Redondo: un maltratador no puede ser, al mismo tiempo, un buen padre, y esa realidad debe tener consecuencias también en el ámbito civil.
Una respuesta a años de reclamación
La aprobación llega tras años de demanda por parte de asociaciones de víctimas y colectivos feministas, que reclamaban una respuesta legal específica ante unos crímenes especialmente crueles. Las estadísticas que manejan las administraciones y los medios especializados cifran en decenas los menores asesinados por violencia vicaria en la última década en España, una cifra que da la medida de la urgencia de la intervención.
El Ejecutivo enmarca la ley como una medida pionera en el entorno europeo y la presenta como un paso decisivo para blindar a niños y mujeres frente a esta forma de violencia.
Los próximos pasos
Lo aprobado este martes es un proyecto de ley, de modo que el texto deberá continuar ahora su tramitación en el Congreso de los Diputados antes de entrar en vigor. El Gobierno se ha fijado como objetivo que la norma esté plenamente operativa antes de que termine 2027, según recoge Público. Hasta entonces, el articulado podrá sufrir cambios en el trámite parlamentario.
