El conocido como 'caso Leire' —una de las piezas de las llamadas 'cloacas del PSOE' que venimos cubriendo— ha sumado un capítulo que amplía su perímetro y, sobre todo, su impacto político: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula ahora al PNV con el rescate público de la siderúrgica alavesa Tubos Reunidos. Todos los implicados están amparados por la presunción de inocencia y los hechos figuran como presuntos.

Una red en torno a fondos públicos

En el centro de esta pieza, que instruye el juez Santiago Pedraz en el Juzgado Central nº 6 de la Audiencia Nacional, está el grupo bautizado como Hirurok, integrado presuntamente por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. Según la información de la investigación recogida por Infobae, este entramado habría facturado 114.950 euros —en recibos de unos 5.000 euros mensuales, sin IVA, entre diciembre de 2021 y agosto de 2023— por unas gestiones cuya finalidad investiga la Guardia Civil.

El caso más documentado es el de Tubos Reunidos, que recibió un préstamo público de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de unos 112,9 millones de euros. La sospecha que examinan los investigadores es si la red utilizó su capacidad de influencia ante cargos públicos para favorecer la aprobación de ese rescate.

El ofrecimiento a otras empresas

La novedad que adelantó este martes El Correo es que la trama no habría actuado solo en ese caso: según ese diario, la estructura se habría ofrecido también a otras grandes empresas vascas para ayudarlas a conseguir fondos y ayudas públicas. Conviene ser prudente con este extremo: más allá de Tubos Reunidos, los nombres que han aparecido en la causa (como Mercasa, Enusa o Sepides) corresponden en buena parte a organismos y empresas de titularidad pública, de modo que debe verificarse qué compañías vascas privadas concretas figuran como destinatarias de esos ofrecimientos.

El PNV admite reuniones y niega la trama

La parte políticamente más sensible es la implicación del PNV. La UCO documenta contactos de la red con el entonces presidente de los nacionalistas, Andoni Ortúzar, en el contexto del rescate de Tubos Reunidos. El partido reconoce haber mantenido reuniones con miembros del Gobierno para defender a empresas vascas en dificultades, pero niega cualquier vínculo con actividades corruptas y sostiene que no puede hacerse responsable de las actuaciones paralelas de terceros. En su defensa pública, los nacionalistas reivindican su papel en la «defensa de la industria vasca».

La conexión con Cerdán y las 'cloacas'

La causa entronca con la trama más amplia que afecta al PSOE. A Leire Díez se la relaciona con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido, a quien la UCO sitúa en una reunión de noviembre de 2024 en la sede de Ferraz junto a Díez y directivos de Tubos Reunidos. El 'caso Leire' ya incluía la petición de imputar a la directora general de la Guardia Civil y se suma a un momento delicado para el Gobierno, marcado por la reciente condena del exministro José Luis Ábalos. Será el juez quien determine, si procede, las responsabilidades; por ahora, todo se mueve en el terreno de la investigación.