Casi un año después del incendio que arrasó el sur de Ourense, la respuesta judicial apunta hacia un lugar incómodo: no hacia una persona, sino hacia el modo en que se organizaron las administraciones. La Fiscalía de Ourense pidió el pasado 15 de julio el sobreseimiento de la causa contra el único investigado por el megaincendio de Oímbra, y en el mismo escrito describe "evidentes errores de coordinación" entre la Xunta de Galicia, la empresa pública Seaga y el Ayuntamiento de la localidad, según recogió La Región.
Qué ardió
El fuego se declaró en agosto de 2025 y calcinó en torno a 23.000 hectáreas de monte, una de las mayores superficies quemadas por un solo incendio en la historia reciente de España. Tres brigadistas resultaron heridos de gravedad. La cifra exacta de superficie ha oscilado en las distintas informaciones publicadas, entre 23.000 y 23.800 hectáreas; las fuentes judiciales consultadas manejan la cifra de 23.000, y es la que damos aquí a falta de un dato oficial cerrado.
Por qué se pide el archivo
El investigado era un tractorista que realizaba trabajos de desbroce con maquinaria. La tesis del ministerio público, tal y como la recogen El Español y La Región, es que el operario actuaba conforme a unas órdenes de trabajo y que no consta que se le notificara de forma expresa la prohibición de continuar. Sin esa comunicación, la Fiscalía descarta que hubiera dolo o imprudencia grave, que son los umbrales que exige el Código Penal.
Conviene subrayarlo porque es el núcleo del asunto: la Fiscalía no acusa a este trabajador de nada. Al contrario, pide que se archive la causa en lo que a él respecta.
La orden que no llegó
El problema, según el escrito, está un escalón por encima. Existía una decisión de paralizar los trabajos por el riesgo de incendio, pero esa orden no llegó a quien manejaba la máquina. Entre la Xunta, la empresa pública que gestionaba la actuación y el Ayuntamiento se produjo, en palabras del ministerio público, una cadena de fallos de coordinación y de mando.
Es la diferencia entre un accidente y un fallo de sistema. Si nadie transmite una orden de parar, el trabajador que sigue trabajando no está desobedeciendo: está haciendo su trabajo.
Lo que queda abierto
El archivo penal respecto del investigado no cierra el caso. Las responsabilidades que describe la Fiscalía apuntan al ámbito administrativo y civil, vías más lentas y bastante menos visibles que un procedimiento penal, y siguen abiertas otras investigaciones judiciales sobre la responsabilidad pública en el incendio.
elDiario.es ha informado del silencio de la Xunta sobre esas investigaciones. El argumento habitual, que el asunto está judicializado, es legítimo desde el punto de vista procesal, pero deja sin responder una pregunta que no es judicial sino de gestión: qué se ha cambiado desde entonces para que la orden de parar unos trabajos llegue efectivamente a quien tiene que pararlos.
La estación que viene
Galicia entra en el corazón de su temporada de incendios con esa pregunta encima de la mesa. El caso Oímbra ha terminado señalando algo más difícil de corregir que una negligencia individual: los puntos ciegos que aparecen cuando una misma actuación depende de tres administraciones distintas y ninguna de ellas es, del todo, la responsable.
