La acusación

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recrudecido su discurso contra la reforma que amplía el acceso a la nacionalidad española a descendientes de exiliados, la conocida como ley de nietos. Feijóo sostiene que se trata de una operación de "ingeniería social" dirigida a "alterar el censo" electoral y que "no tiene objetivos inocentes", en la idea de que el Gobierno buscaría "fabricar" en torno a dos millones y medio de votantes ante unas encuestas que, según el PP, le serían adversas, según recogió elDiario.es. En su argumentación, los populares llegan a manejar una cifra global cercana a los ocho millones de nuevos inscritos sumando esta vía y la regularización de migrantes.

Qué dicen las cifras

El problema de ese relato es que choca con los datos administrativos. Bajo esta vía se han presentado alrededor de 2,7 millones de solicitudes de nacionalidad, pero eso no equivale a otros tantos nuevos votantes: hasta la fecha se han aprobado en torno a 500.000 peticiones y poco más de 300.000 figuran ya inscritas en el Registro Civil, según los mismos datos que cita el reportaje. La diferencia es enorme, porque solicitar no es obtener: cada expediente exige acreditar requisitos y muchos no prosperarán.

Conviene además una precisión temporal: el plazo para presentar nuevas solicitudes ya se cerró, de modo que la Administración se dedica ahora a resolver las peticiones pendientes, no a sumar registros nuevos indefinidamente. La conversión de esos expedientes en altas efectivas en el censo es lenta y parcial.

De qué ley hablamos

La ley de nietos es la vía abierta por la Ley de Memoria Democrática para que hijos y nietos de españoles que perdieron o tuvieron que renunciar a su nacionalidad por el exilio, o por razones políticas, ideológicas o de creencias, puedan recuperarla. También alcanza a hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978. Su lógica es reparadora: devolver un derecho a quienes descienden de quienes lo perdieron.

Un choque político de fondo

Más allá de la aritmética, la polémica encaja en el pulso permanente entre Gobierno y oposición. El Ejecutivo defiende la medida como una cuestión de justicia histórica y de vínculo con la diáspora; el PP la presenta como un cálculo partidista. Pero la distancia entre los números que esgrime Feijóo y las concesiones realmente registradas sugiere que el eventual impacto electoral sería mucho menor del que da a entender. El debate, en cualquier caso, promete seguir vivo.