La Santa Sede ha abierto una investigación preliminar contra el cardenal español Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat (Marruecos), tras conocerse las denuncias de al menos cinco mujeres adultas por presuntos comportamientos inapropiados, según elDiario.es. Se trata de una fase de averiguación dentro de los mecanismos internos de la Iglesia, y sobre el prelado rige la presunción de inocencia.
Qué se investiga
El procedimiento, de carácter preliminar, corresponde a las instancias de la Iglesia católica y examina denuncias de presuntas conductas inapropiadas hacia mujeres adultas. No se han hecho públicos detalles concretos sobre los hechos, en aplicación de los protocolos de confidencialidad y protección de las personas denunciantes, según El Mundo. Por el momento no constan denuncias ante la justicia marroquí.
La reacción del cardenal
López Romero ha negado los hechos y ha manifestado su disposición a colaborar con la investigación. Como gesto para no interferir en el proceso, ha anunciado que se aparta temporalmente de sus funciones públicas: durante este periodo no presidirá celebraciones públicas ni participará en actividades pastorales al frente de la diócesis. La decisión, subrayan las fuentes eclesiásticas, es una medida de prudencia mientras avanza la averiguación, no un reconocimiento de responsabilidad.
Quién es Cristóbal López Romero
Nacido en la localidad almeriense de Vélez-Rubio en 1952, López Romero es salesiano y ha desarrollado buena parte de su labor misionera fuera de España, con destinos en Paraguay y Bolivia antes de recalar en el norte de África. El papa Francisco lo nombró arzobispo de Rabat y, en 2019, lo creó cardenal. Su perfil, ligado al diálogo interreligioso y a la Iglesia de las periferias, llegó a situarlo entre los nombres que sonaron como papables en los últimos años.
Un asunto delicado
La apertura de esta investigación se produce en un contexto en el que la Iglesia católica ha ido reforzando sus protocolos para atender las denuncias de abusos y conductas indebidas en su seno. En este caso, con una instrucción todavía en fase inicial, denuncias no probadas y un cardenal que rechaza las acusaciones, el proceso deberá determinar qué ocurrió, siempre con el máximo respeto tanto a las presuntas víctimas como a la presunción de inocencia del investigado.



