Un aval técnico, no la última palabra

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo regulador de la seguridad atómica en España, ha dado su visto bueno técnico a prolongar la actividad de la central de Almaraz (Cáceres) hasta 2030, según informó El Correo. El informe concluye que la planta reúne las condiciones de seguridad necesarias para seguir funcionando más allá de las fechas de cierre previstas.

Conviene precisar el alcance de la decisión: el CSN se pronuncia solo sobre la seguridad, no sobre la conveniencia política o económica de mantener abierta la central. La decisión definitiva corresponde al Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, como subrayan las informaciones publicadas.

Qué estaba previsto

Almaraz, una de las plantas nucleares más importantes del país, está incluida en el calendario de cierre escalonado de las centrales españolas pactado en su día entre el Gobierno y las eléctricas propietarias. Según ese acuerdo, sus dos reactores debían apagarse a finales de esta década, empezando por Almaraz, que era la primera de la lista.

La instalación es propiedad conjunta de las tres grandes eléctricas, con Iberdrola como principal accionista, seguida de Endesa y Naturgy. Estas compañías han defendido alargar la vida de la central para reforzar la seguridad del suministro y contener costes, mientras que las organizaciones ecologistas rechazan la prórroga y piden acelerar el despliegue de renovables.

Una decisión con muchas aristas

El futuro de Almaraz se ha convertido en uno de los debates energéticos más delicados. Al Gobierno le corresponde ahora sopesar el aval de seguridad del CSN junto a otros factores: el coste para el consumidor, la fiscalidad que soportan las nucleares, la estabilidad del suministro y los compromisos de descarbonización, según recoge El Español.

Sea cual sea la resolución, el caso marcará un precedente: lo que se decida con Almaraz condicionará el debate sobre el resto de centrales españolas, cuyos cierres están fijados para los próximos años. La pelota está ahora en el tejado del Ejecutivo, que deberá pronunciarse en los próximos meses.