Luxemburgo despeja el camino europeo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto que la Ley de Amnistía española es, en lo esencial, compatible con el derecho comunitario. En una sentencia muy esperada, la corte con sede en Luxemburgo ha concluido que la norma no perjudica los intereses financieros de la Unión ni contraviene la directiva europea de lucha contra el terrorismo, según recogió El Español.

El fallo despeja los principales obstáculos de raíz europea que pesaban sobre la ley y, con ello, allana el regreso a España de Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat que huyó a Bélgica tras el intento de secesión de 2017.

A qué preguntas responde la sentencia

El pronunciamiento no llega por iniciativa propia del tribunal, sino como respuesta a cuestiones prejudiciales planteadas por órganos judiciales españoles que albergaban dudas sobre el encaje europeo de la amnistía, como detalla El Correo Gallego.

Por un lado, se cuestionaba si perdonar la eventual malversación de fondos vinculada al procés chocaba con la obligación de los Estados de proteger el presupuesto europeo. El TJUE ha entendido que ese riesgo no concurre en los términos planteados. Por otro, se preguntaba si amnistiar determinados hechos podía vulnerar la directiva antiterrorista; el tribunal ha respondido que la ley no compromete la eficacia de esa normativa, entre otras razones porque excluye del perdón los delitos que atenten contra derechos fundamentales como la vida o la integridad física.

Un aval que no es una absolución

Conviene precisar el alcance real de la resolución. El TJUE no absuelve a Puigdemont ni a ninguno de los procesados por el procés: se limita a interpretar el derecho europeo y a descartar que este impida aplicar la amnistía. Son ahora los jueces españoles quienes deben aplicar la ley en cada procedimiento y decidir, caso por caso, a quién alcanza el perdón.

De hecho, el Tribunal Supremo ha venido sosteniendo una vía propia para mantener el procesamiento de Puigdemont por la vía de un supuesto enriquecimiento personal, una excepción prevista en la propia norma que la sentencia europea no zanja. La última palabra sobre esa cuestión seguirá, por tanto, en manos de la justicia española.

Un fallo con lectura política

La decisión llega en un momento de tensión política. El Gobierno de Pedro Sánchez depende en el Congreso de los votos de Junts y ERC, las formaciones independentistas que hicieron de la amnistía condición para sus apoyos. Un pronunciamiento europeo favorable rebaja la presión sobre el Ejecutivo y refuerza el horizonte de normalización que reclamaba el independentismo, aunque su plasmación práctica dependerá aún de los tribunales.

Queda pendiente, además, el examen interno: el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre si la amnistía respeta principios como la igualdad ante la ley. Con el aval de Luxemburgo despejado, el foco se traslada ahora a Madrid, donde se decidirá el ritmo y el alcance definitivo de una de las leyes más controvertidas de la legislatura.