Un tirón de orejas del órgano fiscalizador
El Tribunal de Cuentas ha puesto el foco sobre la gestión de Renfe en la compra de nuevos trenes para líneas de montaña, y su conclusión es dura: la operadora pública incumplió la normativa de contratación pública en varios puntos, según el informe del propio órgano fiscalizador. El caso afecta a dos compras de material rodante: 31 trenes de ancho métrico para Asturias y Cantabria y seis "trenes alpinos" para la línea C9 de Cercanías de Madrid, que une Cercedilla con el Puerto de Cotos.
Trenes que no encajaban
El reproche más llamativo tiene que ver con las especificaciones técnicas. Según el Tribunal, Renfe fijó unos gálibos (las dimensiones de los trenes) incompatibles con las infraestructuras existentes, es decir, encargó unidades que no encajaban bien en la vía y los túneles previstos, como recogió El Economista. El órgano fiscalizador subraya que la empresa "podría haber obtenido conocimiento de los gálibos correctos con la simple consulta de sus bases de datos" y que ni siquiera pidió esa información a Adif, la gestora de las infraestructuras, lo que revela "una significativa falta de diligencia".
19,4 millones de sobrecoste
El problema, además, se tradujo en dinero. Pese a conocer las dificultades desde principios de 2021, Renfe no resolvió el contrato como preveían las bases, sino que aprobó una modificación que el Tribunal considera "no ajustada a derecho". Esa modificación disparó el coste en 19,4 millones de euros, un 11,9% sobre el presupuesto inicial, hasta situar el importe total en torno a los 218,8 millones de euros (sin IVA), según detalla Capital.
La histórica línea de Cotos
Los "trenes alpinos" están llamados a modernizar una línea singular: la C9, que sube desde Cercedilla hasta el Puerto de Cotos, en plena Sierra de Guadarrama, muy usada por excursionistas y esquiadores. El servicio, prestado durante décadas por los veteranos trenes de la serie 442, quedó interrumpido en 2024 para acometer su renovación.
El informe del Tribunal de Cuentas concluye que, en el caso de los trenes alpinos, no se ha cumplido el plazo del contrato "en ninguno de sus hitos" y que Renfe modificó las condiciones "de forma tácita", sin los procedimientos formales exigidos. Más allá del caso concreto, el dictamen apunta a debilidades en la gestión de un tipo de contratos —los de material ferroviario— que son estratégicos para el transporte público y que mueven cientos de millones de euros.
