Qué pasó

Tres mujeres fueron invitadas a salir de unas piscinas municipales de Burgos cuando pretendían bañarse con burkini, la prenda de baño que cubre el cuerpo y el cabello, según recogió El Debate. Dos de ellas vestían burkini completo y una tercera, una camiseta de baño tipo rashguard, habitual para protegerse del sol.

Desde la instalación se explicó que se actuó en aplicación de la normativa municipal, que por motivos de higiene solo admite bañador en la zona de baño y prohíbe el acceso con "ropa o calzado de calle".

La postura del Ayuntamiento

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, respaldó la actuación del personal municipal al considerar que se limitó a "cumplir con la normativa" vigente y a hacer lo mismo "que se ha venido haciendo en la ciudad", según las declaraciones recogidas por El Correo de Burgos. Ante la polémica, el Consistorio ha anunciado que llevará la cuestión al Consejo de Deportes para que los grupos políticos analicen si la normativa debe mantenerse o modificarse, como confirmó Gente Digital.

Un debate que no es nuevo

El caso de Burgos se suma a una discusión que ha aflorado en varias ciudades españolas en los últimos meses, con posturas enfrentadas sobre si estas normas responden a criterios de higiene o suponen una discriminación. En España no existe una regulación estatal única sobre el burkini en piscinas públicas: cada ayuntamiento fija sus propias ordenanzas, lo que explica que la respuesta sea distinta según la localidad.

Quienes critican las expulsiones sostienen que el burkini es una prenda diseñada específicamente para el baño, que no atenta contra la higiene, y que vetarla puede vulnerar la legislación de igualdad de trato. Desde la otra posición se defiende que las normas de baño se aplican por igual a cualquier prenda que no sea un bañador convencional. En el plano político, el asunto ha reavivado el choque habitual entre partidos, con acusaciones cruzadas que van desde la defensa de las ordenanzas hasta la denuncia de "estigmatización". El Consejo de Deportes de Burgos deberá ahora pronunciarse sobre una cuestión que combina normativa local, higiene, libertad religiosa y no discriminación.