Los acuerdos de gobierno firmados entre el Partido Popular y Vox en varias comunidades autónomas comparten una estructura y un lenguaje casi idénticos, según han constatado distintos medios. Extremadura, Aragón y, más recientemente, Castilla y León han sellado pactos que sus firmantes presentan como una hoja de ruta compartida para la legislatura, con la política migratoria como uno de sus ejes centrales.

Pactos que se replican

En Aragón, el presidente Jorge Azcón (PP) y Vox cerraron un acuerdo que desbloqueó la investidura y dio paso a un gobierno de coalición. En Extremadura, el pacto entre la presidenta María Guardiola (PP) y Vox se articuló en torno a decenas de medidas repartidas en varios grandes capítulos. Castilla y León sumó en junio su propio acuerdo, que según los análisis publicados reproduce buena parte de las fórmulas ya aplicadas en las otras dos comunidades.

La inmigración, denominador común

Entre las medidas que se repiten en estos acuerdos, la política migratoria ocupa un lugar destacado. Según el detalle de los textos recogido por elDiario.es y el análisis comparado de El Salto, los pactos incluyen párrafos prácticamente calcados:

  • No habilitar nuevos centros de acogida de inmigrantes en situación irregular ni ampliar los existentes.
  • Oposición frontal al reparto de menores extranjeros no acompañados acordado por el Gobierno central y rechazo a participar en su financiación.
  • El principio de 'prioridad nacional' o 'arraigo', que orienta de forma preferente el acceso a ayudas, vivienda protegida y prestaciones hacia personas con arraigo en la comunidad.
  • La retirada de subvenciones y contratos a oenegés y entidades que, según los textos, faciliten la inmigración irregular.

El PP ha defendido que las competencias en materia de inmigración son esencialmente estatales, si bien reconoce margen autonómico en áreas como los servicios sociales o la vivienda. Vox sostiene que los gobiernos regionales disponen de capacidad para adoptar medidas que, en su terminología, eviten el "efecto llamada".

Tensiones previas y reacciones

La relación entre ambas formaciones no ha estado exenta de fricciones. En Extremadura, el entendimiento inicial llegó a romperse cuando Vox abandonó el gobierno autonómico tras la decisión del PP de aceptar el reparto de menores migrantes pactado a nivel nacional; el acuerdo se reconstruyó después.

Las medidas migratorias han generado un fuerte rechazo en la izquierda. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, llegó a calificar de "racista" alguna de estas previsiones, al considerar que exceden las competencias autonómicas. PP y Vox, por su parte, las defienden como respuesta a una demanda ciudadana de mayor control migratorio. Hasta la fecha de publicación de este artículo, ninguna de las medidas pactadas a escala autonómica ha sido declarada inconstitucional.

Un modelo que se extiende

Más allá de las tres comunidades con acuerdo cerrado, la fórmula asoma en otras negociaciones, como las de Andalucía de cara a futuros presupuestos, donde el concepto de 'arraigo' ha sido objeto de discusión entre ambos socios. La política migratoria se confirma así como uno de los principales puntos de encuentro —y de negociación— en la relación entre PP y Vox en el ámbito autonómico.