Una laguna que deja a las familias sin médico

Decenas de cónyuges y parejas de funcionarios españoles del servicio exterior se encuentran en una situación paradójica: acompañan a sus parejas a destinos en el extranjero, conviven con ellas en la vivienda oficial, pero no tienen garantizada ninguna cobertura sanitaria pública. Así lo denuncia la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), que ha calificado el problema de «grave» y ha pedido una respuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Atrapados entre dos sistemas

El mecanismo es técnico, pero sus consecuencias son muy concretas. Los funcionarios destinados en el exterior están cubiertos por MUFACE, la mutualidad de los empleados públicos, y en condiciones normales pueden incluir a sus cónyuges como beneficiarios. Sin embargo, ese derecho decae cuando el cónyuge percibe cualquier pensión del Estado o tiene ingresos propios, aunque sean mínimos. El resultado es una doble exclusión: no pueden usar la sanidad pública española porque ya no residen en territorio nacional, y tampoco tienen garantizada la atención en el país de destino, donde el sistema local puede ser precario, caro o inaccesible para extranjeros. La única salida que les queda es contratar por su cuenta un seguro privado internacional.

Una contradicción en la propia ley

La denuncia tiene amparo legal. Según recoge La Región, el artículo 59.4 de la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado establece que los funcionarios destinados fuera y sus beneficiarios tendrán derecho a una cobertura sanitaria equivalente a la que disfrutarían en España. La paradoja es que esa misma previsión choca con el reglamento de MUFACE cuando el cónyuge tiene una fuente de ingresos propia. La ADE plantea dos vías: una reinterpretación administrativa que mantenga la cobertura pese a esos ingresos, o una reforma del reglamento que contemple a los beneficiarios que residen en el extranjero junto al funcionario.

Un problema poco visible del servicio exterior

España tiene funcionarios destinados en embajadas, consulados y oficinas repartidos por todo el mundo, muchos en países con sistemas sanitarios débiles o en zonas con enfermedades que requieren atención especializada. En esos entornos, la cobertura médica no es una comodidad. La ADE remitió en marzo una carta al subsecretario de Exteriores y se ofreció a colaborar para cuantificar a cuántas personas afecta el problema, una cifra que aún no está determinada. La extensión de esta desprotección a las vacunas obligatorias o recomendadas para ciertos destinos es uno de los puntos que la asociación quiere aclarar con la Administración. Por ahora, el Ministerio no ha dado una respuesta pública, y la asociación confía en que la presión acelere una solución que, sostiene, no exigiría grandes cambios legales, sino voluntad política para garantizar un derecho que la ley ya reconoce sobre el papel.