La Policía Nacional ha salido al paso de uno de los pasajes más controvertidos del auto del juez Juan Carlos Peinado y ha defendido sin matices la profesionalidad de sus agentes. La Dirección General del Cuerpo emitió este 21 de junio un comunicado en el que reivindica la "más absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor, la integridad y el prestigio" de sus funcionarios, después de que el magistrado pusiera en duda la lealtad de los escoltas encargados de proteger a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Qué dijo el juez sobre los escoltas

El origen del choque está en el auto firmado por Peinado el pasado sábado, en el que acuerda la apertura de juicio oral contra Gómez y le impone una batería de medidas cautelares. Según recoge El Español, el instructor sostiene que la mera presencia de la escolta policial no elimina el riesgo de fuga, porque los propios agentes podrían, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", colaborar en las acciones que se llevaran a cabo para facilitarla.

Esa hipótesis es la que ha encendido al Cuerpo. Para la cúpula policial se trata de una insinuación que carece de cualquier base. Según eldiario.es, la Dirección General calificó de "injustificada" cualquier argumentación que situara "bajo la sombra de la sospecha" la labor de los agentes, al sugerir que pudieran cooperar en la elusión de la justicia o incumplir las medidas de protección de las personas a las que custodian.

La defensa institucional del Cuerpo

En su respuesta, la Policía Nacional ha querido subrayar los principios que, asegura, rigen su actuación: neutralidad política, imparcialidad y sometimiento al imperio de la ley. La institución recalca, además, que sus funcionarios no pueden acatar órdenes que vulneren el marco legal, en una alusión directa al escenario que dibujaba el auto del juez.

El tono del comunicado, según informa Infobae, busca cerrar filas en torno al trabajo de unos agentes a los que el Cuerpo defiende por su trayectoria de servicio público, frente a lo que considera una valoración especulativa del instructor.

Las medidas contra Begoña Gómez

El auto de Peinado no se limita a esa polémica argumentación. El magistrado acordó la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, le prohibió salir del territorio nacional y le impuso la obligación de comparecer de forma periódica ante el juzgado, medidas que justifica precisamente por un supuesto riesgo de fuga.

En el plano penal, el juez ha acordado la apertura de juicio oral por varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. La misma causa salpica a su asesora, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. La investigación gira en torno a una cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense y a sus relaciones con Barrabés en el marco de contratos públicos.

Interior y el CGPJ entran en escena

La reacción no se ha quedado en el ámbito policial. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó su queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al considerar las palabras de Peinado un hecho de máxima gravedad por el cuestionamiento de la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El asunto llegará al órgano de gobierno de los jueces: el CGPJ estudiará la apertura de un expediente al magistrado. A esa presión institucional se suma la de los sindicatos policiales, que han reaccionado con dureza y han tachado las afirmaciones del juez de "auténtica barbaridad" y de "ofensa intolerable".

El episodio abre un nuevo frente de tensión entre la judicatura, el Gobierno y las fuerzas de seguridad en torno a una de las causas con mayor impacto político del momento, en la que la sombra de sospecha que el juez proyectó sobre la escolta ha terminado por volverse contra el propio instructor.