Un consenso poco habitual

No es frecuente ver a PP, PSOE y Vox coincidir en nada. Pero, según El Confidencial, las tres formaciones han hecho «frente común» para defender el Fondo Social Europeo (FSE+), al considerar que la reforma que prepara Bruselas lo deja «en riesgo». El motivo de fondo es la negociación del próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea —el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034—, donde se juega buena parte del modelo de financiación social del continente.

Qué es el Fondo Social Europeo

El FSE+ es el principal instrumento con el que la Unión Europea invierte en las personas. Según el Parlamento Europeo, financia programas de empleo, formación, educación, lucha contra la pobreza e inclusión social en todos los Estados miembros, con una dotación de más de 142.000 millones de euros para el periodo 2021-2027. A España le corresponde una parte sustancial de ese dinero, que sostiene políticas de empleo y de atención a los colectivos más vulnerables.

Qué cambia con la reforma

La preocupación nace de la nueva arquitectura presupuestaria que plantea la Comisión Europea. Según el análisis del Real Instituto Elcano, Bruselas propone fusionar numerosos fondos —el FSE+ entre ellos— en grandes planes nacionales y regionales, un único «sobre» por país. El temor de partidos, sindicatos y entidades sociales es que, al desaparecer el fondo como partida específica y protegida, los gobiernos puedan redirigir ese dinero hacia otras prioridades, debilitando la financiación garantizada para el empleo y la inclusión. Críticos de la reforma hablan incluso de una «renacionalización» de las políticas de cohesión.

Una negociación que acaba de empezar

El nuevo marco presupuestario está aún en fase de negociación entre la Comisión, el Parlamento Europeo y los Estados miembros, y no se cerrará de inmediato. Pero el debate ya ha encendido las alarmas, y no solo en España: en el propio Parlamento Europeo, grupos de distinto signo han mostrado su rechazo a vaciar de contenido los fondos sociales. Que en este asunto coincidan fuerzas tan enfrentadas como las españolas da la medida de lo que está en juego: no un trámite contable, sino el futuro de una de las herramientas con las que la UE intenta que el crecimiento no deje a nadie atrás.